
La vivienda familiar es una de las cuestiones que más preocupan cuando se produce una separación o un divorcio. En muchos casos, la duda principal es saber quién puede seguir viviendo en la casa, quién debe pagar la hipoteca y cómo se reparten los gastos a partir de ese momento.
En Zaragoza, como en el resto de España, no existe una única respuesta válida para todos los casos. La solución depende de si existen hijos menores, del tipo de custodia, de si la vivienda es ganancial o privativa y de la situación económica de cada cónyuge.
A continuación explicamos qué ocurre con la vivienda familiar en un divorcio en Zaragoza, cómo se decide su uso y qué pasa con la hipoteca y los gastos ordinarios.
Una de las primeras cuestiones que conviene aclarar es que el uso de la vivienda familiar no es lo mismo que la propiedad del inmueble.
Es decir, puede ocurrir que la casa sea propiedad de ambos cónyuges o incluso de uno solo, y aun así el uso se atribuya temporalmente al otro. Esto sucede porque, en un divorcio, el juez no solo tiene en cuenta quién es el propietario, sino también las necesidades familiares y el interés de los hijos.
Por tanto, cuando se habla de “quién se queda con la casa” hay que distinguir entre tres cuestiones distintas:
La atribución del uso de la vivienda familiar depende principalmente de las circunstancias del matrimonio y de la existencia o no de hijos menores.
Cuando hay hijos menores, lo habitual es que el uso de la vivienda se atribuya a los hijos y al progenitor con quien vayan a convivir de manera principal. Esto se debe a que se intenta preservar su estabilidad y evitar cambios bruscos en una situación ya de por sí delicada.
En cambio, cuando no existen hijos menores, la decisión suele depender de otros factores, como la mayor necesidad de protección de uno de los cónyuges o la capacidad económica de cada parte para acceder a otra vivienda.
En los divorcios con hijos menores, la vivienda familiar suele vincularse al interés de los menores. Por este motivo, es frecuente que el uso de la casa se conceda al progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia principal.
El objetivo es que los hijos puedan continuar residiendo en el entorno habitual mientras se reorganiza la vida familiar.
Sin embargo, esto no significa que esa atribución del uso sea siempre definitiva. En algunos casos puede establecerse de manera temporal o revisarse más adelante si cambian las circunstancias familiares.
Por ejemplo, si los hijos alcanzan una mayor autonomía o si se produce una modificación importante en la situación económica o personal de los progenitores, puede solicitarse una modificación de medidas.
En Zaragoza, la custodia compartida tiene una importancia especial, y esto influye también en la atribución del uso de la vivienda familiar.
Cuando ambos progenitores comparten la custodia, no siempre se aplica la idea de que uno de ellos se queda en la vivienda con los hijos. En estos casos, el juzgado debe valorar cuál es la solución más adecuada en función de las circunstancias concretas.
Entre los factores que suelen analizarse se encuentran:
En algunos supuestos, el uso de la vivienda puede atribuirse al progenitor con mayor dificultad objetiva para acceder a otra casa. En otros, puede acordarse un uso temporal hasta que se venda el inmueble o se liquide la sociedad de gananciales.
Otra situación habitual es que la vivienda familiar pertenezca únicamente a uno de los cónyuges, por haberla adquirido antes del matrimonio o por haberla recibido por herencia o donación.
En estos casos, el hecho de que la vivienda sea privativa no impide necesariamente que el uso se atribuya al otro cónyuge o a los hijos durante un tiempo determinado.
De nuevo, lo importante no es solo la titularidad del inmueble, sino la protección de la familia y, en su caso, de los menores.
No obstante, cuando la vivienda es privativa, conviene estudiar con detalle las circunstancias del caso para evitar que la atribución del uso se prolongue más de lo necesario o genere conflictos posteriores.
Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si uno de los cónyuges deja de vivir en la vivienda, también deja automáticamente de pagar la hipoteca. Esto no es así.
La hipoteca es una obligación frente al banco, y el divorcio no modifica por sí solo el préstamo hipotecario. Si ambos cónyuges firmaron la hipoteca, ambos seguirán respondiendo ante la entidad financiera mientras no se cambie formalmente el contrato.
Por tanto, aunque en el convenio regulador se pacte que uno de ellos asumirá las cuotas, el banco puede seguir reclamando a ambos si los dos figuran como deudores.
Esto es especialmente importante porque muchas personas creen que basta con firmar un acuerdo privado para dejar de tener responsabilidad sobre la hipoteca, y no es así.
Cuando existe una vivienda hipotecada, tras el divorcio suelen darse varias opciones:
Cada alternativa tiene consecuencias jurídicas y económicas distintas, por lo que conviene valorar bien la opción más adecuada antes de formalizar el divorcio.
En materia de vivienda familiar es muy importante diferenciar entre los distintos tipos de gastos, ya que no todos se reparten del mismo modo.
La cuota hipotecaria suele estar vinculada al préstamo firmado con el banco. Por ello, deben responder quienes figuren como titulares del préstamo, salvo que la entidad acepte una modificación.
Estos gastos suelen relacionarse con la propiedad de la vivienda. Por eso, lo normal es que los asuma el propietario o copropietarios del inmueble, aunque la vivienda la esté utilizando solo uno de los cónyuges.
Los gastos de agua, luz, gas, internet y otros consumos ordinarios suelen corresponder a quien usa efectivamente la vivienda, ya que son gastos derivados del día a día.
Cuando se aprueban derramas por obras o mejoras en la comunidad, lo habitual es que se consideren gastos vinculados a la propiedad, por lo que suelen corresponder al titular del inmueble.
En cualquier caso, lo más recomendable es dejar todos estos extremos perfectamente regulados en el convenio regulador para evitar discusiones posteriores.
Cuando la vivienda familiar forma parte de la sociedad de gananciales, ambos cónyuges son cotitulares del inmueble. Sin embargo, eso no significa que ambos puedan seguir utilizándola al mismo tiempo tras el divorcio.
En estos casos, puede atribuirse el uso a uno de ellos y dejar para un momento posterior la liquidación de gananciales, es decir, el reparto definitivo del patrimonio común.
También puede pactarse que uno de los cónyuges se adjudique la vivienda abonando al otro la parte que le corresponda, o que se proceda directamente a su venta.
La vivienda ganancial suele ser una de las cuestiones patrimoniales más relevantes del divorcio, por lo que debe analizarse con especial cuidado.
Muchos de los problemas relacionados con la vivienda familiar surgen por no haber regulado bien las medidas en el momento del divorcio.
Un buen convenio regulador debe dejar claro:
Cuanto más claro y detallado sea el convenio, menos posibilidades habrá de que surjan conflictos en el futuro.
La vivienda familiar en un divorcio en Zaragoza es una cuestión que debe analizarse de forma individual en cada caso. No basta con saber quién es el propietario de la casa, ya que también hay que valorar si existen hijos menores, qué tipo de custodia se establecerá, si hay hipoteca y cómo deben repartirse los distintos gastos.
En algunos casos, el uso de la vivienda corresponderá al progenitor que conviva con los hijos. En otros, especialmente en situaciones de custodia compartida, será necesario valorar qué solución resulta más equilibrada y adecuada para la familia.
Además, la hipoteca no desaparece con el divorcio, y los gastos de la vivienda deben distinguirse según su naturaleza: propiedad, financiación o uso.
Por ello, antes de firmar cualquier acuerdo, conviene contar con asesoramiento especializado en derecho de familia para proteger sus derechos y evitar problemas económicos en el futuro.
Si tiene dudas sobre quién puede usar la vivienda familiar, cómo se reparte la hipoteca o qué gastos corresponden a cada parte, es importante estudiar su caso concreto antes de tomar una decisión.
Un abogado especializado en divorcios en Zaragoza puede ayudarle a negociar un acuerdo adecuado o defender sus intereses en un procedimiento contencioso.
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